La preocupación por la posible falta de independencia en el Poder Judicial de
Misiones no sólo trascendió las fronteras de la provincia, sino que ya llegó
hasta las Naciones Unidas (ONU): por segunda vez, la institución reclamó a la
Argentina que brindara información sobre la situación de la Justicia en el
distrito que gobierna Carlos Rovira, un aliado del presidente Néstor Kirchner.
Ambos pedidos -el primero se realizó en enero y el segundo salió ayer
desde Ginebra con destino a la Cancillería- se originaron en reclamos del
relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU,
Leandro Despouy.
El funcionario, también presidente de la Auditoría
General de la Nación, reiteró la solicitud ante la falta de respuesta del
gobierno de Misiones y ante el agravamiento del escenario en la provincia.
La destitución de la jueza del Superior Tribunal Marta Catella, que
había dictado fallos mal vistos por el poder político; el pedido de destitución
del juez Horacio Alarcón, que había procesado por homicidio al hijo de una
diputada oficialista, y la remoción del fiscal de Estado, Lloyd Wicström, que
había denunciado casos de corrupción en el gobierno provincial son los puntos
que más preocupan a Despouy.
A eso se agregó, en los últimos meses del
año pasado, la sanción de una ley que establecía un régimen de jubilación
anticipada y favorable para los jueces que dejaran sus cargos en el plazo de un
mes. Esa norma generó tres vacantes en el máximo tribunal de la provincia y ocho
entre los juzgados de primera instancia.
"Quisiera exhortar a su
gobierno a que adopte las medidas necesarias para investigar, procesar e imponer
las sanciones adecuadas a las personas responsables, en el caso de que las
violaciones alegadas resultaren fundadas", dijo Despouy en la nota que envió al
representante de la Argentina ante la ONU, Alberto Dumont.
De acuerdo
con el procedimiento administrativo, la ONU luego reenvía el reclamo a la
Cancillería para que lo redireccione al gobierno provincial. Ayer, LA NACION no
logró contactar al gobernador Rovira, que por estos días avanza a toda velocidad
para aprobar una reforma de la Constitución provincial que le permita la
reelección.
Los pedidos de Despouy habían sido motivados, a su vez, por
la advertencia de un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG), que
integran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los
Derechos Civiles y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento, entre otras.
La jueza Catella fue sometida a
un juicio político en tiempo récord, luego de que fallara en contra de un
intendente oficialista que había sido removido y que reclamaba a la Justicia que
lo repusiera en su cargo. La magistrada cuestionó la decisión en los tribunales.
Entre las irregularidades del proceso contra Catella, las ONG destacaron
que la admisibilidad del pedido de juicio político se habría declarado en una
reunión reservada y que el dictamen acusatorio se habría elaborado sin que se
hubiera dado traslado a la acusada.
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